Sala de premsa

Les investigacions van començar a principis de 2020, quan l'operadora Telefònica -propietària de la seua pròpia plataforma de distribució exclusiva de continguts baix la modalitat d'IPTV i de satèl·lit- i l'ACE -Alliance for creativity and Entertainment-, van detectar una sèrie de pàgines web, relacionades entre si i publicitades en diverses xarxes socials, la finalitat de les quals era la comercialització il·lícita dels continguts ja que no comptaven amb l'autorització ni amb els permisos necessaris per a realitzar eixa difusió.

Una vegada rebuda la denúncia, els agents van analitzar les pàgines web denunciades i els mitjans de pagament que utilitzaven els investigats per a rebre els ingressos pels servicis que prestaven. Els policies van determinar que un d'ells era el principal element de l'organització criminal, ja que era qui difonia el senyal il·lícit de televisió i qui li la facilitava als altres implicats, que eren revendedores de la mateixa.

La organización contaba con una estructura típica de difusión de señal ilícita mediante IPTV, compuesta por un proveedor de contenidos que es la persona fundamental al facilitar la señal de televisión con los canales que se ofrecen; los revendedores o resellers, que son los encargados de comprar esa señal al proveedor y revendérsela posteriormente a los usuarios finales por un precio algo más elevado; y los usuarios finales, que son los clientes que contactan con los revendedores, que se suelen anunciar a través de sus propias páginas web, redes sociales o portales de compra-venta, principalmente, para poder disfrutar de la señal ilícita en sus domicilios. 

Entrades i registres simultanis en tres domicilis

Dada la facilidad que ofrece el sistema IPTV para poder difundir la señal de televisión con independencia de la ubicación física de las personas, se detectó que el proveedor de contenidos vivía en la localidad malagueña de Estepona, mientras que los otros cinco implicados vivían en Madrid, en la localidad valenciana de San Antonio de Benagéber y en Vall de Uxó, en la provincia de Castellón.

Una vez realizadas todas las gestiones tendentes a localizar a los miembros de esta organización, así como a establecer la relaciones que existían entre ellos y el papel que cada uno jugaba, se solicitó la entrada y registro en sus domicilios, con el objetivo de recopilar evidencias digitales y desmantelar el sistema de difusión ilícita de señal que habían montado. Las entradas y registros se practicaron en tres domicilios de forma simultánea, ubicados en Estepona, San Antonio de Benagéber y Vall de Uxó.

En el domicilio del principal investigado, en Estepona, se localizaron diferentes paneles desde los que se gestionaba a los clientes las tres páginas web investigadas. A través de esos paneles se facilitaba la señal tanto a otros revendedores como a usuarios finales, estimando que unos 2.000 clientes dependían directamente de este proveedor. Junto al principal detenido, se detuvo en Estepona a otras dos personas que colaboraban en la difusión ilícita de la señal.

En los domicilios de San Antonio de Benagéber y Vall de Uxó se detuvo a los dos principales revendedores del principal investigado, los cuales tenían también paneles para gestionar sus propios clientes de IPTV, que eran aproximadamente 500 en cada caso. Uno de ellos, incluso, tenía instalada en su domicilio una infraestructura para la difusión de señal. La última detención se realizó en Madrid, en concreto una mujer que colaboraba con el principal investigado en sus labores de gestión de las páginas web. 

En función del número de revendedores y clientes finales que los investigados gestionaban a través de sus paneles, se estima que el número de clientes finales que estarían accediendo a la señal de la organización investigada rondaba los 3.000 usuarios. Teniendo en cuenta que el precio medio que pagaba cada uno de ellos por acceder a sus servicios era de unos 50 euros, los ingresos anuales de la organización era de alrededor de 150.000 euros anuales. Asimismo, la denunciante había estimado sus pérdidas en cerca de 500.000 euros anuales.

A los detenidos se les imputan delitos contra la propiedad intelectual y contra los servicios de radiodifusión televisiva de carácter condicional.