Sala de prensa

La investigación se inició tras detectarse un incremento inusual de solicitudes de autorizaciones de residencia temporal por circunstancias excepcionales presentadas por ciudadanos marroquíes y argelinos, en las que se aportaban documentos presuntamente falsificados entre la documentación exigida para la regularización administrativa de ciudadanos extranjeros.

A raíz de estas irregularidades, los agentes pusieron en marcha diversas gestiones de investigación junto con distintos ayuntamientos y con la Subdelegación del Gobierno en Vizcaya, logrando determinar la existencia de una estructura criminal dedicada a la falsificación documental vinculada a procedimientos de regularización administrativa de ciudadanos extranjeros.

Las pesquisas permitieron identificar un entramado perfectamente organizado que disponía de colaboradores encargados de facilitar la obtención de documentación necesaria para dichas regularizaciones. Asimismo, la organización contaba con una red de empresas, gestorías y bufetes de abogados utilizados para formalizar los trámites de extranjería. Estas últimas presentaban expedientes de solicitud de permisos de residencia acompañados de documentación falsa, siendo plenamente conocedoras de la falsedad de los documentos aportados.

Fruto de las diligencias practicadas, los investigadores lograron identificar a los principales responsables del entramado delictivo, asentados principalmente en las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa.

Entre 5.000 y 10.000 euros por el “pack” completo

La organización criminal desarticulada se dedicaba principalmente a la elaboración y presentación de empadronamientos falsos, certificados fraudulentos de cursos de formación, extractos bancarios manipulados y otra documentación necesaria para la obtención de permisos de residencia temporal por circunstancias excepcionales.

Para ello, el entramado contaba con una estructura jerarquizada en la que cada integrante desempeñaba funciones específicas. Algunos miembros se encargaban de captar clientes mientras que otros localizaban domicilios donde realizar empadronamientos ficticios, disponiendo de esta manera de una red estable de domicilios utilizados para llevar a cabo los diversos trámites.

A cambio de estos servicios, la organización solicitaba cantidades económicas que oscilaban entre los 5.000 y los 10.000 euros por migrante. Durante el transcurso de la investigación, los agentes han logrado identificar un total de 118 episodios de falsedad documental, habiéndose concedido al menos 42 permisos de residencia como consecuencia de esas actuaciones.

La investigación permitió igualmente constatar que la organización contaba con la colaboración de determinados bufetes de abogados que facilitaban a sus clientes la posibilidad de tramitar permisos de residencia en España sin necesidad de encontrarse en territorio nacional. Para ello, era suficiente el envío de fotocopias de pasaportes, empadronamientos, aperturas de cuentas bancarias y justificantes médicos, entre otros documentos.

Asimismo, se detectaron gestorías dirigidas por los abogados investigados, las cuales eran piezas clave dentro del entramado criminal, actuando como instrumentos para llevar a cabo los trámites de regularización de los migrantes. Además, según las indagaciones realizadas,  la organización podría mantener vínculos directos con la llegada de embarcaciones tipo “patera” a las costas españolas procedentes de Argelia, siendo una fuente directa de captación de migrantes.

19 detenidos y tres registros

La operación policial ha culminado con la detención de un total de diecinueve personas, entre las que se encuentran los principales cabecillas de la organización criminal. Del mismo modo, los agentes han llevado a cabo la entrada y registro en dos gestorías y un bufete de abogados, en los que sean intervenid más de catorce mil euros en efectivo, abundante material informático, documentos falsos y diversa documentación relacionada con actividades investigadas. A los detenidos se les imputan delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.