Ediciones Universidad de Salamanca / CC BY-NC-SA Ciencia Policial, 183, 133-180 172 CIENCIAPOLICIAL Finalmente, tras la vista y acreditados los elementos justificativos que lo habiliten, el auto de desalojo constituye la orden de ejecución para que la autoridad policial pueda proceder con la expulsión de los infractores, pudiendo acceder al inmueble mediante el uso de la fuerza, si fuera necesario, para restituir al titular en su situación anterior a la violación jurídica llevada a cabo. 5 Conclusiones: síntesis del trabajo policial El delito leve de usurpación inmobiliaria leve y el allanamiento de morada representan un desafío importante para el trabajo policial. Hay que señalar que, por primera vez, un delito de los catalogados como leves, en este caso la usurpación pacífica, constituye un motivo de preocupación hasta el punto de tener tanto la Fiscalía General de Seguridad como la Secretaria de Estado de Seguridad que dictar sendas instrucciones para conseguir una labor coordinada de las agencias policiales con la acusación pública que permita reaccionar con prontitud y eficacia frente a estos hechos ilícitos. Sin embargo, no hay que olvidar que la necesidad de seguir un sistema de garantías es lo que fortalece la reacción frente al hecho, un sistema de garantías, eso sí, que está destinado a evitar un uso inadecuado del sistema de justicia penal cuando los hechos son susceptibles de verse tutelados ante la jurisdicción civil. Para ello, hay tres fases de trabajo policial esencial. Una primera, de atención al hecho delictivo en la faceta de investigación y atención a la víctima del ilícito presuntamente cometido. Así, la redacción del atestado reviste unas características peculiares destinadas a facilitar la reacción policial frente al sujeto activo del delito. Es decir, no se trata de una actuación más, sino de una actuación distinta que viene delineada por una posible situación de urgencia, ante un hecho tan importante como es la vulneración de la propiedad y la tenencia y titularidad derivada de esa propiedad, por lo que el rigor se impone y exige una documentación nítida de la situación denunciada, además de una constatación directa perceptible por quien resulta ser el instructor policial. Esto, a su vez, permite una actuación de tutela inmediata mediante la detención, claro en el supuesto del allanamiento, con lo que no precisaría
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