125 La inteligencia artificial predictiva al servicio de la prevención e investigación del delito y del proceso penal García Torres, M.L. Ediciones Universidad de Salamanca / CC BY-NC-SA Ciencia Policial, 183, 91-132 una forma clara y comprensible, sobre si los resultados ofrecidos por la IA son vinculantes, su uso en el procedimiento judicial y su derecho a objetar, pudiendo ser oído directamente por un órgano judicial. Debe garantizarse un acceso equitativo a los sistemas judiciales, independientemente de la ubicación, el estatus socioeconómico o cualquier otra característica demográfica. Por ello, deben eliminarse las barreras que lo impidan. Deben prevenirse y corregirse los posibles sesgos. Para ello, los algoritmos deben ser revisados de forma periódica. Debe potenciarse la innovación responsable en el desarrollo y la implementación de la IA en la Administración de Justicia. Esto supondrá evaluaciones periódicas del impacto de la tecnología en el sistema judicial, debiendo realizarse ajustes y mejoras, para garantizar su efectividad y equidad. En este principio está uno de los grandes escollos de la aplicación de la IA en el ámbito de la Administración de Justicia, dado que debe proporcionarse formación y capacitación adecuada a los profesionales del Derecho y a todos los actores que usan esta tecnología, insistiendo en su componente ético. ¿Por qué es una dificultad? Porque los profesionales de la justicia son reticentes a la formación sobre cuestiones tecnológicas, no por falta de interés, sino de tiempo. El principio de cogobernanza significa colaboración, compartiendo e intercambiando conocimientos, así como los propios sistemas basados en IA entre diferentes áreas de la organización, o con el resto de las administraciones con competencias en materia de Justicia, el CGPJ y la FGE o con otras instituciones, de tal forma que se impulse el deseado desarrollo innovador en sintonía con una implementación ética de la inteligencia artificial. Debemos alabar el hecho de la elaboración de esta guía. Sin embargo, en nuestra opinión, debería ser incorporada a preceptos normativos en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en las diferentes leyes procesales. Cierto es que los principios enunciados en la guía se encuentran en su mayoría contemplados ya
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