110 CIENCIAPOLICIAL Ediciones Universidad de Salamanca / CC BY-NC-SA Ciencia Policial, 183, 91-132 Argentina, Colombia18. Por otra parte, la automatización de la justicia es una realidad ya en España y los jueces ya están utilizando la IA como auxilio en su actividad jurisdiccional. De hecho, ha sido reciente cuando un juez de los Países Bajos, concretamente, el titular del Tribunal de primera instancia de Gelderland, resolviendo un proceso civil, concretamente un conflicto entre vecinos sobre la instalación de paneles solares y una estructura de techo adyacente, ha recogido en su sentencia cuál es, según el ChatGPT, la esperanza de vida media restante de unos paneles solares y el precio promedio de la electricidad en ese momento, datos esenciales para determinar de forma precisa la cuantía de la compensación económica a la que debía ser condenada la parte demandada19. Observemos, pues, cómo ha cambiado la forma de fundamentación de las resoluciones judiciales. Hoy, en día, los profesionales del Derecho cuentan con herramientas de IA generativa que les permiten realizar tareas legales de manera más rápida, reduciendo costes y errores. Estas herramientas incluyen asistentes para redactar y analizar documentos legales, preparar vistas y pruebas, organizar auditorías y gestionar despachos, lo que ya es una realidad en la práctica actual. Asimismo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han transformado su forma de actuar para prevenir e investigar delitos; ya no se basa en la intuición, sino en el uso de herramientas 18. En Estonia, un juez robot decide asuntos de no más de 7.000 €. En Argentina, está Prometea, que se encarga de la resolución de infracciones menores en materia de tráfico, por ejemplo. En Colombia, está Pretoria, que resuelve también casos urgentes en la Corte Constitucional, aunque con supervisión humana. 19. El juez explica en su sentencia que tales datos los obtuvo consultando el ChatGPT, pero el problema es que justificó la condena y la cuantía de la indemnización sobre unos datos no proporcionados por un perito experto en la materia, sino sobre elementos calculados por un robot, desconociendo cuáles son los algoritmos utilizados para ello. Las preguntas que cabe realizarse son dos: primera ¿puede un sistema robótico no especializado dar datos fiables, sustituyendo un dictamen pericial y justificar estos la decisión de un juez? La cuestión no es nueva: estamos en el llamado “conocimiento privado del juez”. El problema es la indefensión que esto puede llegar a generar. Si alguna de las partes quisiera recurrir, no podría atacar, por desconocer los datos con los que ha sido entrenada la IA, el algoritmo con arreglo al cual ha calculado esas cifras y, por ende, no podría discutir la valoración de la prueba y no tendría cómo impugnar la argumentación de la resolución judicial.
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