Ediciones Universidad de Salamanca / CC BY-NC-SA Ciencia Policial, 182, 97-144 99 Interceptación de comunicaciones telefónicas, seguridad(es) y garantías procesales Alfonso Rodríguez, A. J. nes políticas y sociales, su carácter transnacional y su opacidad. Los grupos delictivos y las organizaciones criminales camuflan sus operaciones ilegales con negocios lícitos y se apoyan cada vez más en tecnologías digitales, como las cripto-monedas y la Internet oscura. Además de su dimensión económica, el crimen organizado tiene un relevante potencial desestabilizador. Sus estructuras se adaptan al entorno geoestratégico y repercuten en la gobernanza, la paz social y el normal funcionamiento de las instituciones. En cuanto a la delincuencia grave, actividades como la explotación de menores o la trata con fines de explotación sexual se dirigen hacia los colectivos vulnerables y violan gravemente los derechos humanos. El contrabando, el cibercrimen, el tráfico de drogas, de armas y de especies silvestres y la corrupción son amenazas tangibles para la Seguridad Nacional. La convergencia entre grupos terroristas y redes de crimen organizado va en aumento. Los modelos de organización cada vez más descentralizada de estos actores delictivos favorecen su cooperación y facilitan la financiación terrorista. Lo expuesto anteriormente no deja de ser una advertencia, por cuanto ya no estamos en el marco estricto de la seguridad pública limitando el problema a una respuesta policial y judicial, sino que ahora trasciende e integra cuestiones de seguridad nacional, concepto distinto que va más allá de la persecución delictiva propiamente dicha y donde proteger el interés nacional resulta primordial, pudiendo afectar a campos muy variados y no necesariamente penales2. Como es lógico, el destacado 2. Como apunta la STS 367/2021, de 17 de marzo, de la Sala III (ContenciosaAdministrativa), Ponente: Sr. Herrero Pina, y en materia de nacionalidad y «seguridad nacional» resulta que «Ello para poder apreciar la incidencia que en la concreta concesión de la nacionalidad española por residencia tienen las particularidades derivadas de la incorporación al orden público o interés nacional, del concepto de «seguridad nacional» recogido entre otras en la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional. Un elemento esencial de ese concepto de seguridad nacional, que engloba riesgos y amenazas para el orden público, sujetos a elementos de inteligencia
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