Ediciones Universidad de Salamanca / CC BY-NC-SA Ciencia Policial, 182, 15-69 63 Ciberseguridad vs ciberdelincuencia García Torres, M. L. inherentes a la dignidad del ser humano, el hecho de negarse a entregar una evidencia a una autoridad judicial que sustancia un proceso en un Estado distinto de aquéllos donde se albergan los datos, se convierte en una excusa que dificulta la represión y castigo de los ciberdelitos y para poner obstáculos a la hora de obtener la prueba electrónica. El debate jurídico está servido: facilidad para obtener pruebas electrónicas o respeto máximo de los derechos fundamentales; en definitiva, lucha contra la delincuencia transfronteriza o garantías. Creemos que la respuesta está en el principio de confianza mutua. Debemos entender que todos los Estados miembros afirman y respetan los derechos fundamentales y que ningún juez que solicite la prueba electrónica habida en otro Estado miembro quiere ni pretende que resulte conculcado ningún derecho. Todos los Estados de la UE, se sobreentiende, protegen y respetan derechos como el secreto de las comunicaciones y el derecho a la intimidad. Por ello, ningún proveedor de servicios de Internet debe negarse a entregar las evidencias electrónicas cuando se requiera por la autoridad judicial en el seno de un proceso penal, pues se debe creer y entender que todos los procesos judiciales seguidos en cualquier país con legislaciones similares son sustanciados según todas las garantías. Podemos decir: quien es un proveedor de servicios de Internet para negarse a entregar, por ejemplo, una prueba que obra en su poder a una autoridad judicial española cuando la requiera. ¿Acaso, en España, no se afirman en su Constitución los derechos fundamentales? ¿Acaso no se respetan los mismos por sus autoridades judiciales, igual que en el lugar donde se halla situado tal proveedor? Cuando una autoridad judicial lo exige lo hace a través de una resolución motivada y porque alguien está siendo investigado como sospechoso de haber cometido un delito. Da igual de que Estado hablemos, pues todos somos miembros de la UE y, en todos ellos, se respetan los mismos derechos. Aunque tenemos legislaciones diferentes, son similares, pues existen instrumentos de armonización (Reglamentos, Directivas y Decisiones). Esto permite confiar mutuamente los unos en los otros.
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