Ediciones Universidad de Salamanca / CC BY-NC-SA Ciencia Policial, 182, 15-69 34 CIENCIAPOLICIAL transcendental que provoca múltiples problemas en cuando a la persecución de este tipo de delitos, cometidos a través de servidores que se alojan en Estados diferentes de aquéllos en los produce efectos. Y es que el Convenio dispone que la jurisdicción quedará fijada a favor del Estado cometido en su territorio, incluyendo a bordo de un buque que tenga su pabellón o de una aeronave matriculada según sus leyes cometido por uno de sus nacionales, si el delito es está considerado como tal en el lugar en el que se cometió o si ningún otro Estado tuviera competencia territorial para conocer de aquél. En 2003, se promulgó la firma del Protocolo Adicional al Convenio de Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, criminalizando los actos de racismo y xenofobia, relacionados con las nuevas tecnologías. Ambos Convenios ponen de manifiesto la importancia de la cooperación para la prevención y represión de los delitos transnacionales y de los ciberdelitos. Y es que las características propias de esta criminalidad dificultan enormemente su persecución. España ratificó el Convenio en 2004 y el Protocolo Adicional en el año 2006. En 2024, son ya 69 Estados los firmantes de dicho Convenio. 3 La cooperación penal en la Unión Europea: especial referencia a la orden europea de investigación y a la obtención de pruebas electrónicas transfronterizas La cooperación judicial en materia civil y judicial en la Unión Europea (en adelante, UE) comenzó con el Tratado de Maastricht, firmado el 7 de febrero de 1992, el cual que entró en vigor el 1 de noviembre de 1993. Dicho Tratado declaró la cooperación civil y mercantil cuestión de interés común. Fue el Tratado de Ámsterdam, firmado el 2 de octubre de 1997, en vigor desde el 1 de mayo de 1999, el que asoció la cooperación en ese ámbito con la libre circulación de personas.
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