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La investigación se inició en enero de 2022 a raíz de la denuncia interpuesta por La Liga contra establecimientos  de hostelería de diferentes provincias españolas que estarían distribuyendo ilícitamente la señal de  partidos de fútbol de equipos españoles, sin la autorización de los propietarios de dicho contenido.

166 establecimientos con emisión fraudulenta

En el transcurso de la investigación los agentes llevaron a cabo las comprobaciones oportunas de los establecimientos comerciales que emitían partidos de fútbol de las competiciones La Liga Santander y UEFA Champions League. Tras varias pesquisas se confirmó que 166 establecimientos de distintas ciudades españolas - Sevilla, Málaga, Córdoba, Zaragoza, Valladolid, Murcia, Palma de Mallorca, Gijón, Madrid, Vigo, Las Palmas, Bilbao y Barcelona - estaban implicados en la emisión fraudulenta de los partidos de fútbol.

Con esta información se puso en marcha un macro operativo para realizar de manera coordinada la inspección de todos los establecimientos comerciales investigados durante el transcurso de una de las jornadas de la competición de fútbol de LaLiga Santander. Como resultado del mismo se desarticuló toda la infraestructura que permitía la visualización ilegal del contenido multimedia de pago, con la identificación de los responsables y el cese del servicio ilegal que prestaban.

Perjuicio económico de 1.066.386 €

A los titulares de los establecimientos comerciales investigados, se les imputa un delito contra la propiedad intelectual como presuntos responsables de distribuir el contenido audiovisual de manera fraudulenta, ya que a través de decodificadores o micro controladores accedían de manera ilícita a contenido protegido emitido por canales codificados. Con esto obtenían un beneficio económico fraudulento ya que ofrecían la posibilidad de ver eventos deportivos, únicamente emitidos a través de canales codificados que les hacía poseedores de un servicio extra que otros establecimientos no ofrecían. Se estima que el perjuicio  económico ocasionado a los titulares del contenido audiovisual distribuido ilegalmente asciende a 1.066.386 €.