Sala de premsa

Pagos de hasta 20.000 euros para conseguir la autorización de residencia y trabajo

La investigación se inició en junio del año pasado por parte de la Policía Nacional, en colaboración con Inspección de Trabajo, tras detectar irregularidades en varios obradores de pan situados en las localidades de Aguilar del Campoo y Ampudia, ambos en la provincia de Palencia.

La investigación permitió constatar que la organización criminal se aprovechaba de la situación de vulnerabilidad de personas extranjeras. El método empleado consistía en la obtención de certificados de insuficiencia de candidatos emitidos por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, documentos que posteriormente eran utilizados para tramitar autorizaciones de residencia y trabajo.

Para la gestión de estos trámites se realizaban pagos en efectivo que oscilaban entre los 15.000 y 20.000 euros, canalizados a través de intermediarios. Una vez en España, las víctimas eran sometidas a constantes presiones y amenazas, advirtiéndoles de que, en caso de no cumplir las condiciones impuestas, se iniciaría la revocación de sus permisos de residencia y trabajo, con el consiguiente riesgo de perder su situación administrativa y ser deportados a su país de origen.

Asimismo, los trabajadores eran aleccionados para no abrir a la Policía o mentir en caso de inspecciones de Trabajo, permaneciendo bajo vigilancia continua mediante sistemas de videograbación, lo que generaba un clima permanente de miedo y coacción.

Condiciones de vida infrahumanas e insalubres

Las personas explotadas vivían y trabajaban en condiciones absolutamente inhumanas, siendo obligadas a desempeñar su labor en obradores de pan y pastelería  donde las temperaturas superaban los cuarenta grados. El empresario les prohibía abrir puertas y ventanas, lo que agravaba aún más las condiciones ambientales, llegando las víctimas a desnudarse para poder soportar el calor extremo. Las jornadas laborales se extendían entre 10 y 17 horas diarias, todos los días de la semana, sin descanso alguno, sin vacaciones y sin recibir compensación económica.

Los centros de trabajo presentaban graves deficiencias higiénico-sanitarias, con presencia de insectos y roedores, lo que evidenciaba la absoluta falta de medidas de salubridad. Además, parte de las víctimas residía en viviendas ocupadas por el empresario o colindantes a los obradores, donde las facturas de consumo debía  abonarlas el auténtico propietario el cual era sometido a coacciones por parte de los miembros de la organización criminal.  

La operación policial ha concluido con un amplio dispositivo que ha permitido la liberación de 12 víctimas y la detención de cinco personas en las provincias de Palencia (4) y Alicante (1),  entre los que se encuentran los dos principales responsables de la red criminal. Durante la actuación se han llevado a cabo cinco registros, tres en domicilios y dos en obradores de panadería y repostería, que quedaron clausurados por orden judicial. Además, se han intervenido 3.000 euros en efectivo y abundante documentación relevante para la investigación.

Del análisis del material incautado y de la documentación intervenida, no se descarta nuevas detenciones con el objetivo de lograr la completa erradicación del entramado criminal, que se aprovechaba de la extrema vulnerabilidad de las víctimas para someterlas a condiciones de explotación laboral.

Con la trata no hay trato

La Policía Nacional cuenta con la línea telefónica 900105090 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial de este tipo de delitos, no quedando reflejada la llamada en la factura telefónica.